Trasvase del Ebro

Zaragoza no suele salir a penas en los medios de comunicación nacionales salvo cuando, por culpa de alguna crecida, se desborda el Ebro a su paso por la provincia, información que usan los trasvasistas para retomar el problema hídrico. Pero en los meses de julio y agosto, cuando una persona puede pasar de orilla a orilla andando en algunos tramos a pie de la Basílica del Pilar, no se habla del asunto. Los detractores del trasvase recuerdan el desarrollo desorbitado del urbanismo en el Levante como son ciertas urbanizaciones, campos de golf e industrias, mientras los territorios “donantes” no reciben ningún trato de favor o posibilidad de desarrollo.

En base al Principio de Unidad de Cuenca, el río pertenece a los municipios, provincias y Comunidades Autónomas por las que discurre, salvo si el Gobierno del Estado decide intervenir. El PP de J. M. Aznar aprobó el trasvase del Ebro en el año 2001, y en febrero de 2004 colocó la primera piedra en su extremo sur, en Almería. Pretendía repartir el agua del río a las provincias de Castellón, Alicante, Murcia, Almería, Valencia y Barcelona con la construcción de 130 presas. Años después, R. Zapatero llegó a La Moncloa y el PSOE derogó dicho proyecto en junio de 2004, que hasta entonces aparecía incluido en la ley del Plan Hidrológico Nacional.

En marzo de 2004 la Unión Europea se pronuncia al respecto del trasvase. Dos informes técnicos, de la Dirección General de Economía y de la de Medio Ambiente de la UE, desaconsejan que Europa cofinancie unas obras que, en opinión de los expertos, son inviables. El trasvase no garantiza la existencia de agua suficiente en el río para satisfacer las necesidades del litoral sin degradar de forma irreversible el estado del bajo Ebro y su delta. Se genera una duda acerca del caudal que existiría en el río después de desviar los 1.050 hectómetros cúbicos previstos, lo que implicaría un empeoramiento de la calidad del agua de impredecibles consecuencias. Además de nefasto para el medio ambiente y poco certero como solución a la falta de agua, es inviable económicamente. Por último, las conclusiones apuntan a que el Gobierno está licitando contratos importantes relacionados con el trasvase de forma irresponsable sabiendo que la financiación europea no está garantizada. También proponen remedios como es el proceso de desalación.

Después, un tercer informe de la Dirección General de Mercado Interior de la Comisión Europea, dio otro duro golpe al polémico trasvase, al aconsejar que se suspendiese la posible financiación europea al poner en duda la capacidad del ente público que iba a ejecutar la infraestructura. El Gobierno español esperaba conseguir más de 1.200 millones de euros de la Unión Europea de los 4.207 que cuesta.

En 2005 se diseñó el programa AGUA (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua), el cual integra las nuevas orientaciones en materia de política hidráulica. Ahora se considera a ésta como un bien público, patrimonio de todos los ciudadanos que ha de ser controlado por el Estado. Además, pretende que todos los ciudadanos hagamos un uso eficiente y racional de ella en un contexto de sostenibilidad. Recomendaciones similares están recogidas en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea. Más agua y más equidad con el menor coste posible, más eficiencia y una mayor racionalidad en su gestión, más sostenibilidad con un mayor respeto al medio ambiente y más tecnología en el tratamiento de las aguas con procesos de depuración, de reutilización del agua depurada o de desalación.

Las crecidas son fenómenos puntuales que surgen fundamentalmente por una razón: la concentración de muchas precipitaciones que son muy difíciles de controlar. En España, técnicos especialistas a principios del año 2015, se inclinaban por invertir en obras de defensa previa como ya hacen otros países europeos: limpieza de cauces, motas…. El fenómeno de la crecida del Ebro no se puede regular con un trasvase. Con esta obra lo que contemplaba era ir acumulando todo el agua para después repartirla a otras comunidades, almacenando el agua durante todo el año, aunque el trasvase no serviría de nada al producirse una crecida. Para su acumulación son necesarios pantanos o embalses que habría que construir, siendo muy costosos, además de suponer un enorme impacto social en zonas rurales habitadas.

El vertido de agua al mar es un proceso biológico y natural, este agua sobrante alimenta los deltas y la flora y fauna que ahí vive, de lo contrario los peces que hoy comemos dejarán de habitar las aguas. Con las crecidas el río limpia sus riberas y el agua que se desborda a su paso por los municipios limpia y alimenta el suelo de los mismos, aunque también hace perder cosechas si el agua las anega. El río necesita espacio para cuando esto sucede.

Por otro lado, el Pacto del Agua de Aragón es la resolución aprobada en junio de 1992 que recoge los criterios a seguir sobre política hidráulica en esta comunidad autónoma. Se evaluaron las necesidades hídricas de Aragón y se definieron las 151 actuaciones a ejecutar en las cuencas del Ebro para asegurar las necesidades futuras de abastecimiento a la población, regadíos o usos industriales, saneamiento y depuración de las aguas, con una inversión total de más de 3.300 millones de euros. Todavía en marzo de 2018 la inversión necesaria para poder acabar los proyectos pendientes asciende a 926 millones, casi un tercio del presupuesto global. Solo los dos grandes embalses en un avanzado estado de ejecución, el recrecimiento de Yesa y la construcción de la presa de Mularroya, necesitarán una inyección de 240 millones. De las otras 22 actuaciones del Pacto del Agua pendientes de ejecutar, solo una tercera, la construcción del embalse de Almudévar, está en obras desde principios de año con el objetivo de regular las aguas del río Gállego tras 40 años de espera.

En la antigua U.R.S.S. el mar de Aral (cuarto lago salino más grande del planeta) era fuente de vida para los millones de ciudadanos que se beneficiaban del mismo hasta que se decidió desviar los ríos que desembocaban en él para regar extensas plantaciones de algodón que acababan de plantar. A principios de los años 60, el gobierno de Moscú tuvo la brillante idea de tomar parte de las aguas de los ríos Amu Daria y Syr Daria, que alimentaban al Mar de Aral, y llevarlas, tras la construcción de un canal de 500 kilómetros, hasta una gran cuenca donde se encontraban los campos de algodón. Décadas después vino la catástrofe. Vino la escasez de agua dulce y con ella, unos veranos e inviernos muchísimos más duros al desaparecer el lago, que era un regulador natural del clima. Aparecieron una serie de enfermedades producidas por la contaminación del lugar como anemias, enfermedades respiratorias y problemas renales. El citado mar se fue secando y se convirtió en un desierto que ha provocado la desertización de la zona que afecta a 3 millones de personas. Las tormentas de viento y polvo arrastran la sal de los lechos secos hasta más de doscientos kilómetros a la redonda, arruinando para siempre las tierras ante cualquier intento de cultivo. Los pueblos y las ciudades de las riberas han quedado prácticamente desiertos y millones de personas, al igual que las aguas del lago, se han evaporado del lugar.

 

Proponemos

– Nos posicionamos en contra del trasvase del Ebro.

– Pedimos la finalización de las obras del Pacto del Agua pendientes.