SANIDAD

La sanidad es una de las competencias que el Estado español transfiere a las comunidades autónomas. A través de la Ley Orgánica 5/1996 de 30 de diciembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, se empezó el traspaso de competencias en materia de asistencia sanitaria a nuestra comunidad. A finales de 2001 el proceso de descentralización queda completado y Aragón las asume a cambio de casi 1.000 millones de euros.

Ello genera una serie de problemas a los ciudadanos, como son el de la atención a personas que acuden desde otras comunidades autónomas. Aunque en 2013 se implanta la tarjeta sanitaria única, que se va implantando de manera paulatina a medida que caducan las antiguas, los problemas se suceden.

No hay más que irnos a localidades como Salou, destino de veraneo preferente para los aragoneses, para sufrirla, donde se atiende antes a los inmigrantes irregulares que a los españoles que tienen tarjeta sanitaria, exigiéndoles a estos desplazados un registro.

La financiación del servicio corresponde a la de su procedencia, es decir, Aragón, que será quien tenga que pagar por la atención que los aragoneses reciban en esta localidad catalana.

Aparecen escollos burocráticos debido a que hay que cuadrar cuentas y reticencias a la hora de prestar los servicios. Cuando la comunidad autónoma tarda en pagar las facturas, esto genera un problema a la otra que presta el servicio, por lo que hay regiones que no quieren pagar algunas prestaciones o se quejan porque lo que les abonan no es suficiente para cubrir los gastos.

En julio de 2018 el gobierno estatal del PSOE recuperó la sanidad universal para dar cobertura a los inmigrantes ilegales, lo que supone un coste de 1.500 millones de euros al año a fecha de finales de 2018, un gasto que, unido al del turismo sanitario, eleva la cifra hasta los 3.000 millones. En Aragón se calcula que más de 15.000 extranjeros viven de manera irregular.

La sanidad aragonesa no termina de solucionar el problema de las listas de espera. A finales de 2018 más de 1.700 aragoneses esperaban desde hace más de 6 meses a ser operados.

Los pacientes con dolor crónico severo se unen desde mediados de 2018 ante el temor a que desaparezcan las Unidades del Dolor en la comunidad aragonesa. Aragoneses afectados por patologías crónicas graves se han unido en una plataforma para mostrar su preocupación por su posible desaparición dado el empeoramiento de los servicios prestados. La falta de financiación y reposición de especialistas hacen que se vaya abandonando a su suerte a estas personas. En Aragón hay unas 12.000 personas afectadas, de las que 6.000 están en Zaragoza, 4.000 en Huesca y 2.000 en Teruel. Sufren patologías que les impiden desplazarse, con brotes de dolor que les causan gran sufrimiento. La posible supresión de estas Unidades provocará un déficit en la calidad de vida de los pacientes con dolor crónico. Supondrá una pérdida de salud de manera inmediata, un aumento de la lesividad por deterioro de sus funciones biológicas, psicológicas y sociales y un incremento de la necesidad de ser atendidos en los servicios de Urgencias de los hospitales aragoneses.

A finales de 2018, además de reclamar unidades multidisciplinares, los pacientes piden más recursos en los servicios existentes. Unidad de dolor, como tal, solo existe en Zaragoza, tanto en el Hospital Miguel Servet como en el Clínico. Sin embargo, en Huesca y en Teruel tratan a través del Servicio de Anestesia. En Teruel, tras la jubilación de la anestesista ha habido problemas para cubrir la baja, mientras que en Huesca el servicio está desmantelado.

El sector sanitario no es una excepción respecto a la fuga de cerebros. Aragón pierde cada año más de 60 médicos que se van al extranjero. Tengamos en cuenta que formar un médico cuesta 250.000 euros a las arcas públicas, empleando unos 12 años en su formación para ser contratado como especialista en la sanidad pública.

En los últimos 5 años Aragón ha perdido 316 médicos, pero no se van porque les paguen más en otros países sino porque no pueden trabajar aquí en condiciones decentes, los recién especializados tienen contratos precarios. Hay que evitar crear una bolsa de miles de médicos sin especialidad que acaban emigrando.

Por contra, en 2017 más de 200 médicos latinoamericanos trabajaban en Aragón por falta de especialistas.

Otro de los problemas es el de la cobertura de plazas en todo el territorio aragonés. A finales de 2018 unas 35 plazas de médico quedaban desiertas en las zonas rurales, pero no solo quedan desatendidas en pueblos perdidos, sino también en capitales comarcales como Jaca, Tarazona o Valderrobres, y en localidades cercanas a la capital aragonesa como María de Huerva o Gallur. De esta manera se genera una sobrecarga de trabajo al resto de médicos que tienen que asumir estas tareas. Conciliar la vida familiar y la precariedad de estos contratos hacen poco atractivas estas plazas.

 

Proponemos

– Exigimos atención sanitaria sin discriminación en el resto de comunidades autónomas. Se deben hacer compatibles las bases de datos entre ellas y poder compartir los informes médicos.

– No somos partidarios de la atención sanitaria a inmigrantes ilegales.

– Listas de espera transparentes y medios suficientes, tanto humanos como técnicos, para reducirlas. Aumentar plazas de MIR (Médico Interno Residente) y crear un registro nacional de especialistas.

– Prioridad en el servicio sanitario a las familias aragonesas y españolas.

– Priorizar la contratación de nuestros profesionales y mejorar las condiciones laborales para evitar la fuga de cerebros: no puede ser que formemos a nuestros jóvenes y tengamos que contratar personal de otros países.

Crear el Servicio del Dolor, independiente del Servicio de Anestesia, y dotarlo de medios humanos y técnicos en nuestra comunidad. Necesidad de que las unidades del dolor estén compuestas por diferentes especialistas, entre ellos, un psiquiatra.

– Ofertas de Empleo Públicas adecuadas a las necesidades reales, control de los procesos selectivos, revisión de las plazas para que se haga cumplir el acceso por los principios de mérito, capacidad e igualdad, y eliminación de puestos de trabajo camuflados como asesorías.

– Estadísticas reales del personal sanitario en relación a la población atendida.

– Incentivar plazas de difícil cobertura.