Ley de memoria histórica y democrática de Aragón

 

La pasada Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de la memoria histórica, es una ley estatal que dictó el Gobierno socialista de J. Luis R. Zapatero en relación a la guerra civil y a la dictadura posterior de nuestro país con el apoyo de IU y los nacionalistas vascos y catalanes de PNV y CIU. Junto a ella, la reciente Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón, fue aprobada en Las Cortes por el PSOE con el apoyo de PODEMOS, CHA e IU.

Ambas son normas que, según los promotores de las mismas, pretenden rendir homenaje a las víctimas de la guerra civil y del franquismo, pero no reconocen ni entran a valorar los hechos sucedidos desde la instauración de la II República hasta la llegada de la democracia. Centrándose en un bando solamente, el de los republicanos y aquellos contrarios al régimen franquista, no contemplan ni denuncian los hechos delictivos de ciertos partidos ni personas que se cometieron en el bando contrario.

Consideramos que, a través del revisionismo y del revanchismo, se pretende redactar un texto usando la memoria selectiva sin el reconocimiento a todas las personas que sufrieron desde el 14 de abril de 1931, fecha de la proclamación de la misma, hasta el inicio de la etapa democrática. Ensalza y aplaude a ciertas personas de un bando e ideología condenando y abandonando al resto al olvido.

Condenamos las muertes de inocentes, los ataques a otros partidos y medios de comunicación, las huelgas revolucionarias sangrientas, las declaraciones de independencia, las declaraciones de Estado de Guerra y demás fechorías cometidas por partidos políticos y particulares de las que no se toma nota en esta etapa de estudio de nuestro pasado más reciente.

En lo que a nuestra tierra se refiere, redactamos a modo de ejemplo algunos de ellos.

Anotaciones a cerca de la II República: 14 de abril de 1931-17 de julio 1936.

Denunciamos los recortes de libertades a través de normas como:

– Ley de Defensa de la República de 21 de octubre de 1931: para dotar al Gobierno de un instrumento de excepción al margen de los tribunales de justicia para actuar contra los que cometieran “actos de agresión contra la República”.

Ley de Orden Público de 28 de julio de 1933: sustituyó a la anterior. Fue profusamente utilizada por todos los gobiernos de la República, por lo que las garantías constitucionales estuvieron suspendidas prácticamente durante todo ese tiempo hasta el inicio de la guerra civil.

 Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933: hizo que se creasen campos de concentración para internar a los sancionados por la citada ley.

 

El 10 de mayo de 1931 comienza una ola de quema de edificios por los anticlericales en toda España: más de 100 fueron pasto de las llamas. Empezaría lo que se conoció como “quema de conventos”. Se proclamó el Estado de Guerra una vez se habían extendido los altercados.

En Épila (Zaragoza), el sábado 2 de enero de 1932 los obreros de una fábrica azucarera se declararon en huelga. Al día siguiente, domingo 3 de enero, se reunieron en la plaza del pueblo unas quinientas personas. La Guardia Civil, bajo el gobierno izquierdista, intervino y para despejar la plaza disparó y asesinó a 2 personas e hirió a varias más.

La insurrección anarquista del 8 de diciembre de 1933, también llamada “Revolución de diciembre de 1933”, fue una huelga general revolucionaria del sindicato anarcosindicalista CNT acompañada de la actuación de milicias armadas. Tuvo su epicentro en la ciudad de Zaragoza y en general en Aragón y La Rioja, y pretendía implantar el comunismo libertario. El balance de los siete días de la insurrección fue de 75 muertos y 101 heridos, entre los insurrectos, y 11 guardias civiles y 3 guardias de asalto muertos y 45 y 18 heridos, respectivamente, entre las fuerzas de orden público.

El esperado alzamiento o huelga general revolucionaria (“Revolución de octubre”) de Francisco Largo Caballero (PSOE, apodado el “Lenin español”, luchaba por instaurar el comunismo en nuestro país) se produjo el 4 de octubre de 1934 por los principales partidos de la izquierda, originando episodios sangrientos en 26 provincias con numerosos muertos, incluida Zaragoza. Murieron casi 1.400 personas y quedaron destruidos cientos de edificios, saboteados ferrocarriles y carreteras, etc. Se hicieron 30.000 prisioneros y en los primeros días abundaron las torturas, a consecuencia de las cuales murieron varios detenidos. En los dos primeros años de la república de Azaña hubo muchos más obreros y no obreros muertos por la fuerza pública o en otras violencias, muchos más presos y deportados, y muchos más periódicos cerrados que en 10 o 20 años de la monarquía.

Anotaciones a cerca de la Guerra Civil: 17 julio 1936 – 1 abril 1939.

El  art. 3 de la Ley de memoria democrática expone: “se declara el día 3 de marzo de cada año como el día de la memoria democrática de Aragón, día en el que, en 1938, la aviación sublevada bombardeó indiscriminadamente la ciudad de Alcañiz, provocando cientos de víctimas mortales inocentes y el sufrimiento de familias enteras.”      En toda España, y en nuestra comunidad, la guerra civil provocó víctimas en ambos bandos. Si bien hubo bombardeos por el bando nacional, también nuestra tierra sufrió por parte del lado republicano. Cabe recordar que los primeros bombardeos sobre civiles los realizó la aviación republicana sobre barrios populares de Ceuta y Melilla el 19 de julio de 1936.

El 20 de julio de 1936 las columnas anarquistas de la CNT y la FAI parten hacia el frente de Aragón e implantan en el campo el comunismo libertario. En Sariñena los republicanos instalarán un aeródromo para apoyar con bombardeos a la infantería (los “alas rojas”). Días después aviones de la Generalitat bombardearon Huesca y, antes de terminar ese mes, se había bombardeado por parte de los republicanos Zaragoza, Daroca y Calatayud, entre otros municipios.

La persecución religiosa continuó durante la guerra. Los Mártires escolapios de Alcañiz son los 9 religiosos martirizados y asesinados por milicianos anarquistas en esta localidad. Los escolapios perdieron en el periodo (1936-1939) 204 religiosos de los que 30 pertenecían a la provincia escolapia de Aragón. ​El beato Florentino Asensio Barroso es asesinado en Barbastro (Huesca) el 9 de agosto de 1936. Fue uno de los 13 obispos asesinados durante la Guerra Civil Española, víctima de la persecución religiosa. Los Beatos Mártires Claretianos de Barbastro son los 51 misioneros claretianos martirizados y asesinados por milicianos anarquistas en agosto en la localidad oscense. En la diócesis de Barbastro, durante persecución religiosa durante la Guerra Civil Española, fue asesinado el 88% del clero.

Los campos de concentración nacen en la zona republicana en diciembre de 1936. El 27 de diciembre de 1936, un decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, firmada por el presidente de la República, Manuel Azaña, y el presidente del Gobierno, Francisco Largo Caballero, recoge la creación de “campos de trabajo para los condenados”. Se construyeron siete campos de concentración en el territorio controlado por el Frente Popular. Las “sacas de presos” era una práctica del bando republicano en la cual hacían salir a los presos de las cárceles a fin de fusilarlos. Las “checas” eran instalaciones utilizadas en la zona republicana al margen de las leyes para detener, interrogar, torturar, juzgar de forma sumarísima y ejecutar a sospechosos de simpatizar con los nacionales. Los “paseos”, de ambos bandos, era la forma de denominar a los fusilamientos, en los que se iba a buscar a las víctimas con la excusa de sacarles a dar un paseo, lo que acababa con su vida en los descampados.

 

Por todo ello, denunciamos que se persiga y sancione simbología y apología del franquismo mientras se permita y sean vistos con buenos ojos otros sistemas políticos como el anarquismo o el comunismo, este último un régimen más sanguinario, menos democrático y sin apenas libertades que tiene a sus espaldas cerca de 100 millones de asesinatos en todo el mundo: 65 en la República Popular China, 20 en URSS y 2 en Corea del Norte, por dar unos ejemplos, y sin contar los cometidos en nuestro país en referencia a los años referidos anteriormente.

 

Proponemos

Derogar ambas leyes por considerarlas partidistas, incompletas y que no reflejan la verdadera historia de aquellos años. Además atentan contra uno de los valores democráticos fundamentales como es el de la libertad de expresión al perseguir y sancionar a todo aquel que no acepte su dogma.