IGUALDAD

 

Toda sociedad debe encaminarse hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero desde hace unos años observamos que la lucha feminista ha derivado hacia el hembrismo. El feminismo es una lucha por defender los derechos de la mujer para conseguir una igualdad entre ambos sexos, mientras que el hembrismo es la misandria, el desprecio y la discriminación sexual hacia los hombres. Significa criminalizar al hombre por el mero hecho de ser varón. Es por ello que vemos actitudes, medios de comunicación y políticas en los últimos años que van peligrosamente en esta línea hablando de la mal llamada “violencia de género”, cuando la violencia no entiende de géneros.

La legislación española sigue desde los últimos años una línea bajo las directrices del lobbie radical que criminaliza al varón por el mero hecho de serlo y no sirve para la búsqueda de una verdadera igualdad y protección de la mujer. Leyes como la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LIVG o Ley Orgánica 1/2004), la Ley de Igualdad (Ley Orgánica 3/2007), el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de diciembre de 2017 y su desarrollo posterior con el Real Decreto-Ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado (9/2018) conllevan una serie de medidas que atentan contra derechos y libertades de los hombres sólo por el mero hecho de haber nacido varón. Lejos de abarcar  y proteger todos los casos reales, dan lugar a la criminalización en algunos casos de supuestos en los que la “supremacía machista” en sentido técnico jurídico no concurre.

El Pacto de Estado dispone de más de 200 medidas, entre las cuales hay varias significativas. El tener acceso a la asistencia social simplemente con informes de servicios sociales o atención primaria, que la mujer de hijos asesinados sean consideradas víctimas y tengan acceso a ayudas, que la víctima no pueda acogerse a la dispensa que le permite no declarar contra su agresor y tenga la obligación de hacerlo, y que las mujeres aunque no presenten denuncia sean asistidas y reciban ayudas, entre otras.

El Real Decreto-Ley 9/2018 tiene, entre otras medidas, el fin de dar voz y voto a los servicios sociales y hasta a los propios ayuntamientos en la certificación de la veracidad de acusaciones, ni siquiera denuncias, de supuesta violencia de género.

En términos jurídicos, para más inri, se da una asimetría penal, esto es, que por un mismo delito se dicten condenas diferentes atendiendo al sexo del agresor: cumplirán distinta pena si es un hombre o una mujer. Si tanto hablamos de la igualdad:¿por qué no existe cuando se emiten sentencias condenatorias? ¿Por qué se da y se silencia la asimetría penal? No es justo que por un mismo delito si el agresor es un varón tenga distinta pena (más dura normalmente) que la mujer. Las penas deben ser iguales para todos los ciudadanos, sea cual sea su sexo u orientación sexual, cosa que no ocurre con la violencia de género, y llegando la paradoja hasta tal punto de que determinados delitos leves (como injurias y calumnias) sólo son castigados en los casos de violencia de género, no en el resto de casos.

Medios e intereses titulan que el 80,5% de los hombres juzgados por violencia de género han sido condenados. El número es engañoso,  pues sólo se refiere a aquellos que han llegado a juicio. Un informe que evalúa los datos entre 2004 y 2015 arroja la cifra real: el 87,7% de las denuncias no acaba en condena, o no son probadas, o son archivadas, o sobreseídas, o se trata de denuncias falsas, o de simulaciones de delito.  Pese a ello, recientemente se ha decidido que  la herramienta policial para cazar denuncias falsas no se aplicará en violencia de género, excusándose en que el programa está diseñado en exclusiva para “robos con violencia o intimidación, hurto o tirón”. Una productora danesa afirmaba ya en un documental de 2010 que en nuestro país se presentaban cada día unas 350 denuncias por maltrato falsas.

Un estudio llevado a cabo por un medio de comunicación digital de mediados de 2017 revelaba una serie de datos significativos: sólo el 23,3 % de las denuncias se producen cuando acusadora y acusado mantienen la condición de cónyuges. Dicho de otra manera: sin contar a aquellos que están unidos por un matrimonio la mayoría de las denuncias se producen en situaciones de ruptura familiar. El 22,9% había sido pareja de hecho del denunciado, el 13,4% exnovia, el 6,4% excónyuge y el 1,6% se encontraba en proceso de separación. Resulta cuando menos digno de estudio el hecho de que la mayoría de denuncias se produzcan en el contexto de una ruptura o en el de una relación estable distinta de la del matrimonio. Gracias a la obtención de papeles por violencia de género se dan no pocos casos de denuncias falsas para tal fin, y aunque el día del juicio no aparezca el maltratador los papeles siguen su curso, al extranjero denunciado si tiene los papeles no se le expulsa del país, ya sea cómplice o no, y a su vez le conceden ayudas económicas.

La mal llamada Ley de Violencia de Género o LIVG, aprobada por el Gobierno del PSOE en 2004, servía de canalización para recibir millones de euros de los fondos europeos destinados a políticas de género: 24.000 millones de euros hasta el año 2012. Todo ese dinero es gestionado por una serie de organizaciones y asociaciones mayoritariamente vinculadas a partidos políticos como el PSOE. Entre las asociaciones que más se benefician de este negocio se encuentran la Fundación Mujeres, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Federación de Mujeres Progresistas y la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Recientemente, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobó que se entregaran otros 1.000 millones de euros a las comunidades autónomas y al Gobierno. En el caso de Zaragoza, cerca de 1.100.000 euros ha presupuestado el Gobierno municipal de ZEC para 2018 destinados al gasto en igualdad. ¿Por qué las subvenciones no se articulan directamente para su ingreso a las víctimas y no a las asociaciones, sindicatos, observatorios, lobbies, etc. que son sus destinatarios mayoritarios?

Hay otra variable silenciada por los medios de comunicación: el suicidio. El número de mujeres que se quitan la vida es 20 veces mayor que el de asesinadas por violencia de género. En 2016 murieron 44 mujeres a manos de sus parejas y 49 en 2017, mientras que 9 hombres murieron a manos de mujeres ese último año. En el año 2016, en España se suicidaron 3.569 personas, de las cuales 2.662 (74,5%) eran varones y 907 (25,5%) eran mujeres. El suicidio es la principal causa no natural de mortalidad en España desde el año 2008 cuando por primera vez el suicidio superó a las muertes por accidente de tráfico. Durante los últimos 35 años la tendencia es al alza, con algunas caídas algunos años poco destacables. Esto significa que el número de mujeres que se suicidaron en España en 2016 (907) fue más de 20 veces superior que el número de mujeres asesinadas por sus parejas (44). ¿Por qué no hay un Pacto de Estado contra víctimas de suicidio? ¿No son igualmente merecedoras de la misma protección?

A pesar de ello, siguen muriendo mujeres, en parte por seguir por esta vía que se empecina en desarrollar leyes que criminalizan al hombre cada día más. Una mujer ya no necesita pruebas cuando realiza una denuncia, basta con su declaración y que no se contradiga. Una vez interpuesta, directamente la policía detiene al supuesto maltratador, pareja o novio, y puede pasar varios días en comisaría hasta pasar a disposición judicial, si bien es cierto que para los casos de riesgo sea prudencialmente lo adecuado, por protocolo se viene realizando en la mayoría de supuestos sea cual sea el riesgo, en ocasiones hasta inexistente o leve. Mientras, el hombre sigue pagando el alquiler y la hipoteca porque hasta que se produzca el juicio ella conserva por ley el domicilio familiar y la custodia de los hijos (mínimo transcurre año y medio desde la denuncia). Si no pueden acceder a alojamiento gratuito ella y los hijos irán a centros de acogida. Si un hombre está denunciado no puede optar a la custodia compartida, la tendrá la mujer en exclusividad; ¿qué ocurre si finalmente es inocente?, quién restaura ese daño irreparable? Ella dispondrá del uso de la vivienda, una pensión para los hijos y hasta puede obtener una pensión compensatoria. Si se demuestra que es denuncia falsa solo se castiga a la mujer en casos contados, además la Fiscalía no actúa para así evitar que otras mujeres se echen atrás. Abogados, asociaciones feministas y entidades públicas recomiendan denunciar porque la mujer obtiene beneficios a parte como una ayuda de 426€, ayudas al alquiler, becas de comedor, nacionalidad española en el caso de ser inmigrantes y el poder estudiar una carrera universitaria gratis, entre otras. No es desconocido para los jueces y abogados especializados en Derecho de Familia que la mera presentación de una denuncia produce numerosas ventajas económicas y de estrategia judicial.

Diputados y senadores de muy alto nivel opinan que esta ley es inconstitucional y discriminatoria. En violencia de género no se respetan artículos tan importantes como el de la igualdad y el de la presunción de inocencia. Un  juez titular de un Juzgado de Familia habla incluso de holocausto social: “miles de hombres son encarcelados cada año con una mera denuncia”. Es lo que en Derecho se denomina derecho de autor: Se te condena por ser hombre, no por los hechos cometidos”. A la mujer tampoco se le protege por ser víctima, sino por ser mujer. Hay periodistas valientes que critican el Pacto de Estado contra la Violencia de Género porque liquida garantías constitucionales, criminaliza como colectivo a un sexo por serlo y pone los casos en manos de órganos parciales. Se amplía la condición de víctima de violencia de género a mujeres que todavía no han denunciado y se abre la puerta a prestaciones idénticas en dicho caso. Se introduce el agravante por cuestión de género, pero  sólo en una parte. Además, cuando el agresor es hombre contra una mujer se agudizan las consecuencias jurídicas (asimetría penal).El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ido publicando el número de muertes de hombres a manos de sus parejas o exparejas: 6 en 2008, 10 en 2009, 7 en 2010, 7 en 2011, 4 en 2012, 6 en 2013 ¿Dónde están ellos? ¿Por qué no hay asociaciones que les apoyen cuando se sienten avergonzados?

Plataforma Aragonesa Ñ defiende una verdadera igualdad, pero no comparte ni la ideología ni los métodos del hembrismo. El feminismo será igualdad cuando deje de estar de moda. No queremos el adoctrinamiento de ciertos colectivos que tratan de imponer sus consignas al precio que sea. No consideramos Aragón ni al resto de España una tierra dirigida por el heteropatriarcado, salpicada de machismos o micromachismos, ni defendemos el adoctrinamiento en aulas con lenguajes inclusivos que ni siquiera la R.A.E. acepta. Por todo ello, no queremos un feminismo radical que usa la ley en su único beneficio, sin contar con el varón. Denunciamos los casos en los que la mujer es sumisa del hombre en ciertas etnias y en religiones como la musulmana, así como el oscurantismo con el que ciertos lobbies y mecenas intentan manipular y adoctrinar a la sociedad en beneficio propio. Observamos además cierto interés de enfrentar a la sociedad para que estemos más divididos y distraídos ante problemas más importantes.

Nos posicionamos en contra del adoctrinamiento municipal que bajo el Gobierno de ZEC se da en Zaragoza:

– La guía contra el masculino genérico para que evitar términos discriminatorios. Decir “los trabajadores” se considera lenguaje excluyente así como lo es hablar del director o de “los profesores”. Aboga, asimismo, por cambiar las formas personales de los verbos.

 La campaña para promover los regalos no sexistas en la Navidad de 2017. Para ellos, “los juguetes sexistas reproducen el estereotipo de sociedad patriarcal y machista.” Esta es desarrollada por la coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza con el apoyo del Ayuntamiento y la DGA (donde gobierna el PSOE junto con Podemos).

– ZEC se ha manifestado en contra del calendario de bomberos del Ayuntamiento al considerar que “ese estereotipo de cuerpos no representa a todo el colectivo y es digno de heteropatriarcado. Se hace todos los años para recaudar fondos para alguna ONG, en este caso en relación con donantes de médula.

– El Ayuntamiento de Zaragoza anunció que va a crear una Escuela de Pensamiento Feminista y se potenciarán campañas sobre nuevas masculinidades. “Estamos orgullosos del trabajo, pero todo lo que se haga va a ser poco. Nos enfrentamos a una lucha contra el patriarcado, una lucha permanente de cambio de valores y de decisiones de cómo conformamos nuestra propia identidad“, manifestó el Alcalde.

Denunciamos toda agresión sufrida hacia la mujer, pero sin silenciar los ataques de ciertos colectivos como es el de los inmigrantes. Es lamentable y repugnante que cuando los agresores son inmigrantes se trate de quitar valor al delito, se oculten las nacionalidades y no se denuncie con la misma intensidad. En el primer semestre de 2018 han sido asesinadas por violencia de género en España 25 mujeres, 23 de ellas por hombres inmigrantes y los otros dos españoles. En septiembre son ya 33 mujeres, 15 de ellas asesinadas por inmigrantes varones que apenas representan el 4,9% de la población española. Nos posicionamos a favor de la expulsión del país de todos ellos.

Proponemos

Defendemos la lucha por la igualdad desde la igualdad. Queremos una lucha igualitaria, no una discriminación mal llamada positiva que acaba siendo simplemente una discriminación.

– Nos posicionamos en contra de la cesión de espacios e infraestructuras por gobiernos locales, autonómicos o nacionales para establecer políticas sectarias, no inclusivas y que sólo sirven para dividir y enfrentarnos los unos a los otros.

– Denunciamos que el teléfono de atención a la violencia de género sea de exclusividad femenina. El hombre maltratado física y psicológicamente también existe y no hay instituciones que les amparen. Consideramos además que el servicio policial de atención a la familia (SAF) debe atender de igual manera a hombres y mujeres.

Fin de subvenciones a asociaciones y entidades similares afines a intereses partidistas y de posicionamiento hembrista.